Reciclaje, un negocio sin desperdicio

Los españoles nos declaramos concienciados con la preservación del medio ambiente, con una especial sensibilización hacia el reciclaje. La última ‘Encuesta de Hogares y Medio Ambiente’ del Instituto Español de Estadística (INE) apunta que un 75% de los hogares separa el papel, el vidrio, el plástico y los envases metálicos, mientras que el 60% discrimina entre residuos orgánicos.
A priori, el escenario invita al optimismo. Sin embargo, la realidad es bien distinta. El Instituto Europeo para la Política Ambiental (IEEP) sitúa a España «entre los Estados que muestran un progreso limitado o lento hacia una sociedad del reciclado, con bajos niveles de reutilización de residuos sólidos urbanos (RSU)».
Mientras, la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, clasifica a España «por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a reciclaje de basuras (un 15% frente a un 24%), pese a que genera un 6,6% más que el promedio del conjunto de los 27 Estados miembros». Así, cada ciudadano es responsable de 547 kilos de basura anuales (en la Europa comunitaria se llega a los 513), de los cuales sólo se reciclan 82 (15%). En España, la mitad de la basura (52%) aún va directamente al vertedero (en la UE solo el 38%), mientras que el 39% se recicla y aprovecha -de los cuales, un 24% es destinado para abono de plantas-, y apenas el 9% se incinera.
La tardía incorporación de España a la práctica del reciclaje (1997) también se ha visto lastrada por la falta de recursos y un déficit de tradición e información. No obstante, en los últimos años se han producido avances significativos que hacen del tratamiento adecuado de los residuos «un sector en clara expansión y con un amplio panorama de desarrollo», como apuntan los responsables del Salón de la Recuperación y el Reciclaje (SRR) en Ifema.
El mercado de servicios urbanos ligado a los residuos mueve más de 5.400 millones de euros anuales (datos de 2010), según la consultora DBK. De ellos, 2.000 millones corresponden a la recogida y transporte (que es el 37% de este negocio), mientras el tratamiento y la eliminación de la basura suponen unos 1.400 millones.
No obstante, la bonanza inicial se está viendo solapada por cierto pesimismo. Así, tras crecer a tasas superiores al 7% desde principios del siglo XXI, este mercado ha venido registrando «una notable desaceleración en su crecimiento», con tasas que apenas llegan al 3%, según la consultora.
Y es que la recuperación y el reciclaje no han permanecido inmunes a la voracidad de la crisis. «El menor ritmo de aumento en el número de concesiones, la presión sobre los precios y un descenso de actividad, en un contexto de debilidad económica, explican tal evolución», constatan desde DBK.
Exceso de capacidad
Esta dinámica adversa también ha sacudido los cimientos del reciclaje industrial. Para los responsables de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), «la mala coyuntura económica ha propiciado un excedente de la capacidad de tratamiento superior al 50% en la gestión de residuos industriales, con un descenso del 45% en la facturación y un 30% en los empleos directos e indirectos». DBK, por su parte, apunta que «tras la significativa ralentización en 2008 y 2009, el valor de gestión de residuos peligrosos ha bajado de los 750 millones de euros», con una caída superior al 25% desde la etapa precrisis.
En cualquier caso, la progresiva transición del vertedero a la valorizción -uno de los puntos clave del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007/2015- representa una gran oportunidad para dicha industria.
Expertos del sector calculan que, por cada euro invertido en gestión de residuos, se generan 2,3 euros de negocio. Las expectativas apuntan alto, especialmente en el campo de la separación de los materiales y su transformación. La basura ha renunciado a su estatus de pasivo ambiental para convertirse en un activo clave en la generación de empleo y competitividad empresarial.
El Directorio Central de Empresas del INE (datos de 2010) censa en 6.639 el número de compañías especializadas en el área del suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. De éstas, 1.919 realizan tareas de recogida, 391 llevan a cabo acciones de tratamiento y eliminación de desechos, mientras 662 desempeñan labores de valorización (utilización de los desechos para generar energía).
En España, un país en el que prima el modelo empresarial basado en Sistemas Integrados de Gestión (SIG) -es decir, fundaciones sin ánimo de lucro que recogen envases, dispositivos y residuos para su tratamiento y reciclaje-, el número de trabajadores afiliados en el sector se acerca a los 90.000 empleados, además de 1.500 autónomos, con un predominio abrumador de varones (70.500) sobre mujeres (19.500).
Un reciente informe del IEEP estima que en Europa hay entre 1,2 y 1,5 millones de empleos asociados a la gestión y reciclado de residuos, con un tejido industrial compuesto por cerca de 60.000 compañías -95% de las cuales son de tamaño pequeño y mediano ( ‘pymes’)- y un volumen de negocio de 95.000 millones de euros. Por su parte, el estudio ‘Más trabajo, menos basura’ de la asociación Friends of the Earth (Amigos de la Tierra) apunta que «la actividad del reciclaje tiene potencial para generar 10 veces más empleo que las actuales formas de eliminación de residuos». Así, el reciclado del 70% de los desechos generados en la UE se traduciría en «la creación de más de 400.000 de nuevos puestos laborales en el horizonte del 2020». En esta estimación coincide la Comisión Europea, que sostiene que «la plena aplicación» de la legislación comunitaria sobre residuos ahorraría 72.000 millones de euros al año, aumentando en otros 42.000 millones el volumen de negocio del sector.
Posturas encontradas
De hecho, la nueva Ley de Residuos Urbanos y Suelos Contaminados, aprobada el pasado julio, viene a conciliar la normativa española con la Directiva Marco de Residuos de la UE. Sin embargo, no se ha traducido en una adaptación pacífica a nivel nacional, hasta el punto de que una regulación con apenas seis meses de vigencia podría ser modificada en la presente legislatura porque no ha contentado a nadie y, lo que es peor, deja la puertas abiertas a un polémico cobro por los envases más valiosos (de aluminio o acero). Un negocio de 500 millones de euros a costa de consumidores y con escaso control a priori, por vía de la recuperación del tradicional recargo (sobre el precio final) vigente durante décadas el siglo pasado y que se recuperaba con la devolución del ‘casco’. Por ejemplo, se habla de que podrían ser unos 25 céntimos por lata, es decir, casi la mitad de su coste actual. Sus defensores son los ecologistas, junto al sindicato CC OO y la asociación de consumidores CECU.
En contra de ese posible cambio legislativo están los actuales sistemas de gestión (SIG), Ecoembes -que gestiona el reciclado de envases y embalajes-, Ecovidrio, fabricantes de latas, patronales del pequeño comercio y grandes superficies. Alegan que el recargo sería muy caro y que generaría nuevos costes, tanto a empresas como a ciudadanos, haciendo bajar el consumo. En juego, según ellos, la posible destrucción de 6.000 empleos.

RibaFarre


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