El otro día, los periódicos amanecieron con el decretazo que recortaba los salarios de los funcionarios hasta en un 7%. El gobierno central español lanzó un paquete de medidas de austeridad presupuestaria presionado por el déficit. El tema es que casi cualquiera de nosotros tiene afectados en su entorno. En mi caso, conozco funcionarios de sanidad (médicos), enseñanza (maestros), justicia (jueces), ayuntamientos, Hacienda, etc. El concepto funcionario tiene en nuestro país connotaciones sociales negativas (al igual que nuestro sector) pero en realidad hay de todo, como en la “Viña del Señor”. Hace poco, comí con “funcionarios” y estaban muy enfadados. Casi todos tienen conciencia de la gravedad económica del país y pueden entender que hay que tomar medidas. Otra cosa es la manera de hacerlo. En general, entienden que la economía requiere bisturí, pero opinan que se conseguirían mejores resultados optimizando la administración que aplicando medidas indiscriminadas. La reducción de sueldos conseguirá reducir el déficit, pero enfriará la motivación de los funcionarios y con ello su productividad. Todos ellos conocían en su entorno de trabajo cargos innecesarios, funcionarios inoperantes pero atrincherados en el sindicato, una baja productividad endémica del entorno laborales, gestiones con criterio político en detrimento del de gestión, mala prioridad en inversiones, etc.

En otro ámbito de cosas, nadie entiende como un país puede soportar un 20% de desempleo sin disturbios, ni siquiera el FMI. ¿Cómo seguimos abiertos a la emigración laboral con semejante cifra de paro? ¿Cómo vamos a levantar la economía si casi el 40% de los parados es menor de 30 años? ¿Qué futuro tiene un país en el que los jóvenes están en el paro?

Afortunadamente, en general, la sanidad y la educación han mejorado mucho estos años, pero la justicia no. La semana pasada se dictó sentencia en contra de un famoso humorista que insultó públicamente a un alcalde de Valladolid hace tres años. Se da el caso que el Sr. Rubianes murió hace un año. La justicia española es mala, entre otras cosas, por eterna. Hace poco se celebró en Barcelona un juicio de delito fiscal en el sector que empezó hace ¡diez años!. Un país con déficit en justicia no fomenta la inversión ni la creación de empresas.

En nuestro sector también la, digamos, poca diligencia administrativa produce bolsas de improductividad y competencia desleal. Los ilegales minan la capacidad de generar beneficios de nuestros negocios y con ello de pagar impuestos necesarios para sostener el sistema. Habitualmente confluyen en la problemática de la ilegalidad infinidad de infracciones de forma simultánea. Así, habitualmente, la problemática de robo de metales (últimamente demasiado habitual) se canaliza en instalaciones ilegales, con largo historial de malas prácticas, defraudación de impuestos, delitos ambientales, etc.

Hace unos días, el periódico Expansión Económica titulaba la portada con la alarmante noticia de que las compañías eléctricas temen no cobrar de los ayuntamientos la “factura de la luz”. Los ayuntamientos españoles han de volver a pensar en ingresos vegetativos una vez la burbuja inmobiliaria se ha deshinchado. Son los negocios convencionales quienes les ayudarán a llegar a final de mes. Si siguen tolerando negocios ilegales, ¿quién pagará los impuestos que cubran sus presupuestos?. El sector sobrevive ante el intrusismo como un enfermo lo hace con su enfermedad crónica.

Al igual que la administración requiere una optimización de recursos, el sector requiere un marco legal específico. Las características del sector de la recuperación hacen inapropiada la legislación fiscal actual. El dinero negro fl uye en el sector porque la recuperación nace de generar valor de lo que la sociedad ha desechado. Surge de un sector en donde la sobre demanda acaba exigiendo el último precio y en efectivo. Brotando de la esencia del marketing, el mercado finalmente genera lo que demanda. Finalmente, un puñado de empresas ostentan desde hace años una “patente de corso” para blanquear el residuo que valía cero antes de convertirse en materia prima. Algo intolerable en un estado de derecho. No es una situación formal, pero en la práctica la tolerancia es “de facto”. Juicios interminables, cómodos plazos, colaboración de una parte del sector, baja ejemplaridad, corrupción, etc. hacen que la problemática se haga perpetua y se piense que es endémica. El sistema español de inspección se vanagloria de ser el más eficaz del mundo. Lo es porque el sistema fiscal y judicial no lo son. El problema es que el propio sistema fiscal perpetúa el fraude porque lo que se acaba pagando es mucho menor que la defraudación original. Lejos de ser un sistema punitivo acaba siendo un incentivo para perpetuar la lacra.

Señores, si en España desde todos sus estamentos públicos o privados no conseguimos elevar su productividad de forma exponencial, nos vemos mal, muy mal. El recorte del déficit no sirve más que para achicar agua. No representa una inflexión de la economía por sí sola. Si seguimos el ejemplo de Peter Sellers en Bienvenido Mr. Chance y trazamos una analogía de España con la agricultura, arar sin sembrar no es productivo. La economía española requiere generar ingresos para sostener la sociedad del bienestar. Los recortes no serán suficientes. Los ingresos no los generan quienes defraudan IVA, IRPF o ISOC. Tampoco lo hacen quienes carecen de permisos medioambientales o no pagan la Licencia de Actividad económica. Tampoco invertiremos en crear nuevos empleos ante un marco tan poco propicio.

Para concluir, terminado el periodo dorado español (GAME OVER). Si no conseguimos empujar a todos habrá que ir pensando en que nuestra sociedad pueda prescindir del Estado del Bienestar, que pueda funcionar con menos políticos, funcionarios. España requiere muchos cambios estructurales y ahora.

Xavier Riba,

Presidente del Gremi de Recuperació de Catalunya
xriba@gremirecuperacio.org

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Artículo Revista Recupera 65