Detrás de una catástrofe ecológica, puede haber una gran historia y el paso del tiempo no permite simplificar el origen, la causa y la extensión de los daños acaecidos.

Cuando el buque turco de carga M/V Ulla se hundió en el puerto de Iskenderum (Turquía), en septiembre de 2004, no se conocía todo el trasfondo y los motivos por los que el barco tuvo ese destino fatal.

Ahora, el armador de la nave, Cemil Mavi, ha encargado al bufete Castro, Sueiro & Varela Abogados que inicie una batalla judicial contra Lafarge Cementos, la compañía que le encargó un cargamento de cenizas volantes cuya peligrosidad se descubrió en el transcurso de la singladura.

Cemil Mavi reclamará a Lafarge 26 millones de dólares (20,14 millones de euros) por los daños sufridos, no sólo por el incumplimiento del contrato de transporte y la pérdida del buque, sino por el perjuicio en la imagen del propio armador, que no ha podido volver a trabajar en su país de origen, Turquía, al llegar a ser incluso procesado por delito medioambiental. A finales de mes, se presentará una demanda en los juzgados de lo Mercantil españoles.

MERCANCÍA:

El barco tenía que transportar 3.500 toneladas métricas de cenizas volantes no peligrosas de Avilés (España) a Jijel (Argelia) para que las recibiera una compañía del grupo Dragados. Ésta rechazo la mercancía –alegando humedad–, por lo que el barco tuvo que buscar un puerto para depositar la carga. Después de intentarlo en varios destinos sin éxito, se dirigió a Iskenderum, pero, al llegar –lo que sucedió en febrero de 2000–, las autoridades turcas confirmaron que la carga del buque era, en realidad, mercancía peligrosa por incluir, entre otras sustancias, el cromo IV, elemento tóxico y peligroso.

El barco fue embargado y las autoridades turcas contactaron en 2000 con el Ministerio de Medio Ambiente español y con la secretaría del Convenio de Basilea para que se aplicara este acuerdo y la mercancía fuera repatriada a España. La carga permaneció en Iskenderum hasta septiembre de 2004, momento en el que se hundió el buque con los residuos tóxicos dentro.

Mientras en España, se sancionó a Lafarge Cementos por trasladar los residuos sin autorización y dejarlos abandonados en el buque, con una multa de 48.000 euros que confirmó la Audiencia Nacional en 2003. Y, ese mismo año, los Gobiernos turco y español, en lo que ya se consideró un incidente diplomático, mantuvieron reuniones ante la secretaría del Convenio de Basilea, momento en el que la delegación turca ya informó del riesgo de hundimiento del buque.

Durante los cuatro años en que el cargador estuvo amarrado en Iskenderum, sufrió un progresivo deterioro, entre otras circunstancias, por la imposibilidad –decisión de las autoridades turcas– de realizar labores de reparación. Aunque el 7 de julio de 2004 se había levantado el embargo sobre el barco, las gestiones de Lafarge Cementos y del Ministerio de Medio Ambiente para acceder al buque y hacerse con la mercancía no llegaron a tiempo por el fatal desenlace sucedido en septiembre.

La demanda, explica Ángel Vallejo, letrado de Castro, Sueiro & Varela Abogados, «se presentará a finales de mayo en los juzgados de lo Mercantil y será una acción contractual por incumplimiento del transporte que reclame varios tipos de perjuicios sufridos por el armador».

«El primero consiste en que el buque estuvo cuatro años sin utilizarse, por lo que no se pudo alquilar para realizar viajes de carga con la consiguiente pérdida de beneficio; el segundo es el valor de tasación por la propia pérdida del buque y, finalmente, los daños de imagen sufridos por el armador en Turquía, país en el que no ha podido volver a trabajar, ya que se le llegó a procesar por delito medioambiental», apunta Vallejo. Todos ellos suman 20,14 millones.

Vallejo explica que no se ha producido la prescripción –lo que hubiera impedido iniciar el proceso– porque «siempre han existido comunicaciones y disputas entre las partes».

Fuentes jurídicas vinculadas a Lafarge Cementos explican que, «en relación con la ejecución de este transporte, no existe responsabilidad civil o de otro tipo para Lafarge». Estas mismas fuentes añaden que «no se pueden hacer comentarios porque no existe el procedimiento».

UN LARGO TRAYECTO:

– El armador del buque ‘M/V Ulla’ pretende demandar a Lafarge Cementos por los daños derivados de su hundimiento.

– La normativa que apoyará la demanda es el Convenio de Basilea de 1989, la Ley 10/1998 de Residuos y el Código de Comercio sobre el contrato de fletamento por viaje.

– La dirección jurídica del caso es de Castro, Sueiro & Varela Abogados, bufete especializado, entre otras materias, en Marítimo.