Los periódicos están llenos de escándalos políticos de todos los colores. Mientras tanto, los grandes problemas de España siguen sin resolver. Con una economía orientada durante tres décadas a la construcción, hundido el mercado inmobiliario, España busca su norte económico. La situación presenta niveles estadísticos preocupantes. Un 26,1% de paro rozando los 6 millones. El 55 % de los jóvenes menores de 25 están desempleados. Si estas cifras fueran reales, España entera estaría en huelga general permanente. En realidad, convive el fraude, que pagamos los cotizantes, y el endeudamiento del Estado. El propio Estado se ha convertido en un competidor laboral para la empresa. El parado especula entre el salario que le ofreces y lo que cobra de desempleo sin trabajar. Kafkiano. Pero….¿ se puede mantener esta situación mucho tiempo? ¿Podemos mantener los que tributamos a todo un sistema corrupto? Me gusta recordar un acrónimo propio de la postguerra española para definir la situación española. ESTRAPERLO. Es harto curioso su origen.
El término estraperlo o straperlo es usado en España para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión, es una actividad irregular o intriga de algún tipo, y se usa como sinónimo de mercado negro. El origen de este acrónimo está en un escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, producido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca “Straperlo”, nombre derivado de Strauss, Perel y Lowann, apellidos holandeses de quienes promovieron el negocio, y que habrían aportado al acrónimo letras en cantidad proporcional a la participación en la empresa.
Nuestra reciente crisis empezó con la explosión de la burbuja global. Pero, ¿realmente es una crisis inmobiliaria o financiera? En mi opinión es una crisis de valores. Se mintió en toda la cadena económica para conseguir beneficios a corto plazo aunque fuera falseando la realidad. Muy parecidos a los orígenes de la crisis del 29. Así, la bola de nieve se fue haciendo grande, grande hasta estallar. Desde entonces es incesante el cierre de empresas. Nuestro sector sufre las consecuencias de esta situación ante la caída de producción y consumo de bienes.
Para ser concretos, nuestros desguaces sufren caídas de entradas de VFU’s de alrededor del 50% como consecuencia de que no se venden coches. Las ventas de coches, en España, registran la cifra más baja desde hace más de 27 años. Parecido ocurre con electrodomésticos. La construcción está en mínimos históricos. La obra pública no está siendo antídoto de la crisis, como se hizo en otras ocasiones. Se ha empleado demasiado dinero en sanear la banca y ha dejado las arcas del Estado secas.
Mientras tanto, la generación de chatarra es directamente proporcional a la caída de consumo. La gran ventaja es que, a diferencia de otros sectores, los productos que procesamos mantienen la demanda independientemente a la crisis. Algo es algo.
También nuestro sector muestra, desde siempre, una capacidad innata de reinventarse. Buscando nuevos productos, procesos, origen o destino. Es implícito a nuestro sector. Somos sobrevivientes por naturaleza. Otra cosa es que tengamos, además de superar la crisis, que luchar contra la administración y sus ineficiencias.
Actualmente, las posibilidades para ampliar nuestro negocio se han convertido en un tortuoso camino si se quiere hacer de acuerdo a la ley. Nuestra actividad se ha convertido en un negocio NIMBY. Este, otro acrónimo inglés, procede de Not In My Back Yard (no en mi patio trasero). Consiste en la reacción que se produce entre determinados ciudadanos o administraciones que se enfrentan a los riesgos que supone la instalación en su entorno inmediato de ciertas actividades o instalaciones que son percibidas como peligrosas o su imagen.
De tal manera, muchos ayuntamientos han vetado nuestra actividad por plan urbanístico independientemente al tipo de residuo y de la instalación. En otros ayuntamientos el veto es oficioso y utilizan la demora para evitar gestores de residuos en su municipio. Esta situación se está produciendo en todo el territorio español. En el mejor de los casos se tardan años en obtener los permisos. No creo que sea la mejor manera de potenciar la economía.
Simultáneamente, miles de nuevos gestores ilegales abren sin permiso debido a los altos precios. Las autoridades locales o medioambientales no las quieren ver. Son invisibles. Son precisamente en estas instalaciones donde se concentran las actividades molestas socialmente, la ilegalidad y la receptación.
Nuestro sector puede llegar a ser un gran manantial de empleo ante las nuevas oportunidades que presentan las tecnologías verdes y, en cambio, está perseguida. Pagamos justos por pecadores. Las administraciones deben facilitar las aperturas de gestores reconocidos, que pagan religiosamente impuestos, y perseguir los que manchan nuestra actividad. Si se quiere crear empleo se ha de facilitar su apertura. Ya ni pedimos ayudas. Los gestores históricos, que pueden demostrar una actividad intachable, tendrían que ser legalizados automáticamente si presentan sus proyectos auspiciados por una auditoria medioambiental. Además, ¿no tenemos avales y seguros de actividad? Nuestra actividad, cuando regulada, no es más molesta que cualquier otra actividad industrial. Entonces ¿por qué frenar uno de los sectores que tienen más potencial de generar empleo? País…