No es tan difícil si existe determinación (Revista Recupera 98)

01/02/2017

Ayer pasé por el almacén de IKEA cercano a mi empresa. Al salir vi, al frente del mostrador de transporte de muebles a domicilio, un rótulo alertando que contratar a transportistas ilegales puede suponer hasta 400€ de multa para el contratante. La administración que menciona es la Dirección General de Transportes. Ello explica los controles de los Mossos d’Esquadra en los alrededores de IKEA, e incluso dispositivos policiales para el pesado de furgonetas con una báscula móvil. Cabe decir que IKEA dispone de servicio oficial de transporte a sus clientes. Es evidente que luchan contra su competencia desleal.

Sorprende que no exista una normativa parecida, y se aplique, para aquellos transportistas de residuos o plantas ilegales. La importancia de la norma es que, a quien pueden multar, es a quien lo contrata. De tal manera quien entregara o vendiera chatarra a empresas ilegales podría ser multado.

Si quien fuera multado por 400€ fuese el ilegal, el coste de la multa se cubre sobradamente por los impuestos, tasas y permisos que se ahorra.

Hace muchas décadas que nuestro sector reclama medidas efectivas parecidas, pero parece que un grupo multinacional tiene más fuerza que un colectivo de más de trescientas plantas gestoras. Mundo…

Recuerdo, no hace tantos años, a nuestros colegas de AETRAC que reclamaban que las subastas municipales de VFU’s fueran exclusivamente a centros CAD’s legalizados. Afortunadamente, hoy solo pueden licitar gestores oficiales. Vamos avanzando.

Recientemente vi un reportaje sobre “Los ladrones del cartón” en Madrid. El programa era claramente de periodismo amarillo, pero denuncia una realidad que existe en nuestras grandes ciudades: ejércitos de camiones ilegales asaltando el papel y cartón de los contenedores propiedad del ayuntamiento.

Lamentablemente, transmiten al ciudadano una mala imagen que asocian con nuestro sector. Con camiones y furgonetas destartalados, fuerzan los contenedores y roban impunemente metidos dentro de ellos.

Como Gremi, llevamos años denunciando esta nefasta práctica, que cuesta millones al ayuntamiento de Barcelona y, con excusas tibias de pseudoayuda social, se tolera. Una amiga mía es asistente social del ayuntamiento y casi pocas veces da limosnas. Considera que las ayudas han de articularse ordenadamente y con conocimiento de la situación. Se ha de dar soporte con un seguimiento y tratamiento de medio y largo alcance. Estaba tibieza tan sólo beneficia a grupos mafiosos organizados que se aprovechan de la precariedad de ciertos colectivos.

Recuerdo un amigo, que fue hace unos años a Edimburgo a abrirse camino ante la crisis española. Al llegar le recomendaron que se dirigiera a una oficina del ayuntamiento. En ella le ayudaron a encontrar una habitación, un trabajo temporal, tramitó sus permisos de residencia y de trabajo en una sola ventanilla, etc… Igualito que en España..

Mientras esta tolerancia ante la ilegalidad persiste, la horquilla económica entre las empresas legales e ilegales se agranda.

Hoy por hoy ser ilegal es un gran negocio, y quienes tendrían que defendernos no lo hacen. Porque nuestras empresas contribuyen al sostenimiento del sistema, pero a menudo parecen olvidarlo.

Soluciones hay, el Gremi, incansable, sigue proponiendo. ¿Cuándo dejaremos de ser súbditos y reclamaremos con determinación nuestros derechos como ciudadanos contribuyentes?

En esta nueva etapa, además de seguir denunciando los agravios, el Gremi propone soluciones pragmáticas no tan complicadas de aplicar.

Creemos que los ayuntamientos por su proximidad, pueden conocer y luchar contra la ilegalidad de plantas y transportistas de residuos.

Nuestro actual Director de l’Agència de Residus de Catalunya, fue vicepresidente de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y es todavía alcalde de un pequeño municipio en Tarragona, Riudecanyes. Nadie mejor que él para unir el mundo autonómico y municipal. Transmitir a los alcaldes, de todos los municipios de Catalunya, la necesidad de forzar la legalización de los gestores y transportistas que operan sin permisos en su municipio. No avanzaremos hacia una autentica economía circular hasta reducir el lastre que supone para nuestras empresas la economía sumergida y las malas prácticas. No es difícil hacer entender a los ayuntamientos que, habitualmente, la receptación y las malas prácticas se practican con impunidad en las plantas ilegales. Para la guardia urbana municipal, no es tan complejo advertir en primera instancia, y multar es segunda a quienes operan fuera de la legalidad. No pedimos que cierren las empresas, pedimos que operen en igualdad de condiciones a las legales.

En España heredamos las bases de nuestro derecho civil de los romanos. Tenemos una magnifica legislación, pero habitualmente es un problema de ejecución. En fin, pensamos que la solución no es tan difícil si existe determinación.

Xavier Riba,

Presidente del Gremi de Recuperació de Catalunya
xriba@gremirecuperacio.org

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Artículo Revista Recupera 98