Cobre telemático (Revista Recupera 71)

01/10/2011

Según Wikipedia, un Decreto ley es una norma con rango de ley, emanada del poder ejecutivo, sin que necesariamente medie intervención o autorización previa de un Congreso o Parlamento.

A pesar de la controversia que existe en los países democráticos respecto a los Decretos ley, son una herramienta habitual del poder ejecutivo cuando por motivos de urgencia o alarma social requiere un mecanismo legislativo más rápido que el proceso parlamentario. Su funcionamiento está legitimado en España por el artículo 86 de la constitución. En el plazo de 30 días, el Congreso habitualmente los aprueba.

En la dictadura española, Franco abusó del Decreto ley para imponer su brazo de hierro sobre la sociedad española. Ya en la democracia, los diferentes gobiernos han utilizado esta fórmula jurídica con tanta resonancia como en el caso del embargo del grupo empresarial Rumasa, en virtud del Decreto-Ley 2/1983, por razones de utilidad pública e interés social. Recientemente, el gobierno ordenó por Decreto Ley la Ayuda a los afectados por el terremoto de Lorca o para la reestructuración del sistema bancario español.

En la práctica, se ha asentado no ya como un recurso de urgencia, sino como una vía mediante la cual el ejecutivo incorpora leyes al ordenamiento ahorrándose el tiempo que dura la aprobación de una ley tal cual.

El pasado 1 de Julio, el Sr. Alfredo Perez Rubalcaba, vicepresidente del gobierno español, promulgaba por Decreto ley la obligación de comunicar diariamente las compras de cobre que realizan los gestores de residuos.

Ello ha provocado en el sector un clamor unánime en contra del Decreto. Está claro que vulnera el derecho de protección de nuestro fondo de comercio e incrementará nuestros gastos administrativos.

Desde la promulgación del Decreto, hemos comunicado a las fuerzas de seguridad del Estado, nuestra visión al respecto. Desde el Gremi creemos que la medida será infructuosa si no va acompañada de otras acciones que luchen contra la infiltración de ilegalidad y de la delincuencia que sufre el sector históricamente. El sector anda cansado de recibir la presión medioambiental, fiscal y policial por el solo hecho de estar totalmente legalizado. Mientras tanto, las actividades ilegales, tanto en instalaciones como sobre camión, son totalmente invisibles a las diferentes Administraciones.

Todo ello no es excusa para reconocer la gravedad de la situación. Los robos de cobre requieren actuaciones urgentes que eviten o reduzcan su impacto. El Decreto ley, a pesar de nuestro desagrado, viene a cubrir una necesidad social que clama reducir, no ya los costes del material robado, sino las graves consecuencias en los servicios públicos en electricidad, agua, teléfono y transporte.

A pesar de que estoy convencido de que la mayoría de robos son consecuencia de la ilegalidad, constantes noticias, en los periódicos o en los juzgados, involucran también a empresas legales.

El Decreto ley es el precio que ha de pagar nuestro sector por la doble moralidad que muestran algunas empresas legales. Si todos tuviésemos claro que trabajar con la ilegalidad nos perjudica, probablemente nunca se hubiese promulgado este Decreto de urgencia. Tampoco nos olvidemos que nuestro sector es víctima del mismo problema y que sufrimos diariamente robos en nuestros almacenes o de nuestros camiones.

Desde esta tribuna, planteo la necesidad de análisis de los resultados después de un periodo. Si pasados unos meses, los resultados no son empíricamente demostrables, no tendrá sentido mantener una medida tan costosa. Por mucho que el Decreto plantea que no incrementará el gasto público, forzosamente lo hará ante una avalancha de datos diarios. No se puede matar moscas a cañonazos.

El Decreto será infructuoso porque ha venido viudo de medidas complementarias. A día de hoy, los ladrones de cobre entran y salen del juzgado el mismo día. A día de hoy, no hay una actuación decidida ante las actividades ilegales. A día de hoy, no hay soluciones en la reincidencia de la delincuencia. A día de hoy, no hay control sobre la actividad ilegal internacional o los efectos de la inmigración en el sector. Etc…

Podemos gobernar a decretazo, pero no de espaldas al sector.

Otro día hablaremos de los particulares y la nueva ley de residuos. Hoy no tengo tiempo que tengo que mandar el listado diario…

Xavier Riba,

PRESIDENTE DEL GREMI DE RECUPERACIÓ DE CATALUNYA
XRIBA@GREMIRECUPERACIO.ORG

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Artículo Revista Recupera 71